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9 de marzo de 2010

El CGPJ pide a PP y PSOE que no metan a los jueces en sus peleas


ElPeriódico.com
Palos de ciego. El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, intentó ayer tranquilizar a sus bases, pero logró justo el efecto contrario. El Poder Judicial hizo pública una declaración institucional en la que exige a los políticos –principalmente al PSOE y el PP– «el máximo respeto» hacia la «independencia judicial», pero al no citar nombres ni apellidos las interpretaciones fueron de lo más variadas.
Fuentes de dicho organismo explicaron que Dívar se siente en deuda con el TS, ya que sin formar parte de su plantilla ha llegado a la cúspide de la carrera judicial. Por su trayectoria, desconoce la sensibilidad de los jueces del alto tribunal, que están en el punto de mira por haber admitido tres querellas contra Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, por los cursos que impartió en Nueva York y por el caso Gürtel. Los magistrados del TS han pedido reiteradamente a Dívar que les defendiera públicamente. Sin embargo, salvo unas líneas que les dedicó en la apertura del año judicial en septiembre, les ha respondido con el silencio.

VARIOS OFENDIDOS / Esas mismas fuentes añadieron que desde hace un par de semanas los verdaderos «jefes» del Poder Judicial, los vocales Manuel Almenar y Margarita Robles, han intentado que se aprobara una declaración institucional a favor del alto tribunal. Sin embargo, su propuesta no ha contado con el apoyo del resto de los vocales, que consideran que el TS no es el único ofendido en este sainete judicial. Algunos magistrados también recriminan a Dívar que haya dejado solo al Garzón, su antiguo subordinado.
Ante esta situación, el presidente del CGPJ hizo la primera defensa del Supremo en un acto celebrado el jueves pasado en León. No era ni el lugar ni el momento –eligió el acto de imposición de una medalla al presidente del Tribunal de Castilla y León, José Luis Concepción–, por ello los jueces del TS no se sintieron desairados y exigieron más.
Dívar aprovechó el cruce de declaraciones de políticos nacionales e internacionales del pasado fin de semana a favor y en contra de Garzón y de Eloy Velasco para entrar en el debate. A primera hora de la mañana redactó la declaración institucional que envió por correo electrónico al resto de los vocales. En principio, el presidente del CGPJ se limitaba a apelar a la independencia del TS, pero aceptó incluir también a la Audiencia Nacional como una de las instituciones a la que los políticos deben «el máximo respeto».
La declaración fue leída en Valencia por la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo. Fuentes del organismo criticaron las prisas de Dívar, por entender que podía haber esperado a hoy para discutir su idea con la comisión permanente del CGPJ y proponer un texto al pleno. Pero su presidente optó por una declaración donde el interés dejó de ser el contenido para pasar a ser los destinatarios. Y aquí cada uno sacó sus propias conclusiones.

MÚLTIPLES INTERPRETACIONES / Fuentes del Poder Judicial explicaron que la intención de Dívar no era reprender a José Luis Rodríguez Zapatero, por haber alabado la trayectoria de Garzón en la lucha contra ETA, sino recriminar a Venezuela por haber dicho que Velasco está relacionado «con la mafia de Aznar». Esas mismas fuentes también admitieron que el presidente del Poder Judicial se había sentido molesto por el apoyo del presidente del Congreso, José Bono, al juez de la Audiencia Nacional porque considera que representa a un poder del Estado que está por encima de estas cuestiones.
Otros vocales, por contra, creyeron que Dívar finalmente ofrecía su apoyo a Garzón y algunos, los menos, entendieron que el CGPJ reprochaba al presidente del Gobierno que diera a entender que el magistrado de la Audiencia Nacional cuenta con el apoyo del Ejecutivo.
En cualquier caso, las fuentes consultadas sostienen que la difícil situación de la justicia necesita algo más que un comunicado. En estos momentos, el Poder Judicial, el Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional están tocados por la mano de los partidos políticos.

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