Nos vamos acostumbrando a esa anomalía catalana consistente en que por aquellas tierras reine no la ley del silencio, sino la de la unanimidad. Sobre todo en lo tocante al encaje jurídico político de aquella Comunidad Autónoma dentro del Estado. Por ejemplo, sin que nadie lo hubiera anunciado, resulta que ahora el “pacto constitucional está roto”. Y uno se pregunta: ¿
Por qué? Y llega una respuesta que nos dice con tono propio de Fedor Dostoievski: “Porque España nos ha humillado y ofendido”. Y así, repitiendo machaconamente las mismas sinsorgadas, estos jeremías han acabado por creerse sus propios lamentos.
Pero siendo esto malo, es aún peor el hecho constatable que en buena parte de los medios madrileños que, con mayor o menor entusiasmo apoyan a Zapatero, parece haberse impuesto esa misma omertá y en ellos sólo aparecen “tribunas” y opiniones firmadas o emitidas por políticos y universitarios catalanes que entonan a coro la misma matraca: el Estatuto es intocable… y poco les importan los argumentos que prueban hasta la evidencia que el famoso Estatuto no cabe en la Constitución ni a martillazos y, como la Constitución es flexible pero no tanto, por ello es preciso suprimir y reinterpretar un buen número de artículos del citado Estatuto. Menos artículos, en todo caso, de los que -a juicio de otros muchos y prestigiosos constitucionalistas- no caben en la Constitución. Una Constitución que fue aprobada en Cataluña mediante referéndum con un apoyo popular mayor del doble que el muy magro apoyo obtenido por este Estatuto de marras.
Pero ésa es otra, los políticos catalanes y sus “intelectuales orgánicos” nunca argumentan a favor de la constitucionalidad de los artículos eliminados o interpretados por el TC, sino que hacen un pase negro y nos pretenden meter a todos en un jardín prohibido, aquel donde se enfrentan legitimidad y legalidad. Lo cual es un disparate con perfume totalitario. ¿Por qué? Porque en democracia la legalidad puede ser buena o mala –y, por supuesto, es cambiable-, pero siempre es legítima. En otras palabras: no existe ninguna legitimidad que esté por encima de la ley… y menos aún por encima de la Constitución. Y lo dicho sobre el Estatuto vale también para la nueva ley despenalizadora del aborto. También ella es de obligado cumplimiento.
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